FUENTE: FARO DE VIGO

Demolición por el techo… y a ras de suelo. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ya tiene en sus manos la propuesta del Concello para cumplir la sentencia que obliga al derribo “parcial o total” de la urbanización de O Piricoto, compuesta por tres bloques con un centenar de viviendas en Castrelos.

La actuación principal que se plantea al juez para reducir el impacto paisajístico del edificio, cuestión que propició su ilegalización, es echar abajo la cubierta para convertirla en una superficie plana, y colocar sobre ella un manto vegetal. La medida supone derruir el piso superior de la veintena de dúplex construidos en la quinta planta. Esta intervención se complementaría con otra en los bajos que consistiría en demoler “en la medida de lo posible la construcción, dejando los accesos y locales preceptivos, acercando el conjunto a una edificación sobre pilotes”, reza el informe del arquitecto Javier Vizcaíno, redactor de la propuesta. Aquí resultaría afectada una entreplanta destinada a aparcamiento; y garajes y trasteros en el nivel a pie de calle.

El técnico, designado por el Colegio de Arquitectos tras un concurso convocado a petición del Concello, formula en su informe, al que ha tenido acceso FARO, otra opción más drástica, aunque la desaconseja por “extrema”. Se trataría de derribar el bloque central de los tres que conforman O Piricoto de tal modo que se daría una “mayor permeabilidad al conjunto”, que el juez calificó como “implacable pantalla absolutamente disonante con el entorno paisajístico”. Aunque el TSXG recibió la semana pasada la propuesta completa de Vizcaíno, los servicios jurídicos municipales adjuntaron un informe en los que se aconseja la alternativa de demoler toda la cubierta y la planta baja en lo posible como la solución “adecuada”. Ahora el juez decidirá, y si acepta la vía señalada se redactará el proyecto para ejecutar las obras.

El arquitecto admite en su informe la dificultad de encontrar un planteamiento que garantice de antemano el visto bueno del juez, ya que la condena sobre O Piricoto se limita a decretar “la demolición total o parcial de la edificación” para adaptarla al medio, sin aportar mayores detalles. El Concello presentó en 2006 un proyecto de legalización que no implicaba derribo, sino que se basaba en la colocación de pantallas vegetales para rebajar el peso visual de la edificación. El TSXG lo rechazó. Así las cosas, el arquitecto concluye que “no caben sólo medidas correctoras”.

Su propuesta se fundamenta en el aspecto teórico a dos de los conceptos marcados por Le Corbusier en sus “Cinco Puntos de la Nueva Arquitectura”. Es decir, cubiertas planas ajardinadas, y plantas bajas sobre pilotes. En la práctica supone eliminar los pisos superiores de una veintena de dúplex con superficies que van desde los 95 a los 130 metros cuadrados incluidas las terrazas, ya que las viviendas del bloque A, el más alejado del parque de Castrelos, son de menor superficie que las del B y el C. El edificio tiene licencia para cinco plantas con aprovechamiento bajo cubierta, lo que suma más de 37.000 m2 de superficie construida. Prácticamente todos los propietarios de los quintos habilitaron un nivel superior abuhardillado, con terraza en la parte trasera. En su punto más alto la techumbre supera los tres metros.

A esta demolición se unirían otras medidas correctoras mediante la colocación de un manto vegetal sobre la cubierta, una de las actuaciones que se habían incluido en el proyecto de acondicionamiento que presentó hace cuatro años el Concello.
Las demoliciones en la planta baja se presentan más complejas, –según expone el propio arquitecto–, por la existencia de un nivel de parking elevado. Vizcaíno sugiere en este caso recuperar “suelo libre”, aunque advierte de la dificultad de ejecutar esta parte por la configuración de los bloques en sus niveles inferiores, y deja el alcance de la intervención en manos del proyecto a redactar si el juez acepta el planteamiento. Bajo el aparcamiento hay trasteros y garajes, además de los propios accesos a los diez portales de los edificios.

Si se ejecuta el proyecto el Concello tendrá que indemnizar a los afectados, ya que estos contaban con licencia municipal, anulada después por los tribunales tras una denuncia vecinal.

Medidas “suficientes”
Estas actuaciones, a juicio del arquitecto en su dictamen, “pueden estimarse como suficientes para considerar al conjunto en acorde consonancia con el ambiente urbano actual”. El técnico seleccionado por el COAG considera “extremado el más radical procedimiento”, en referencia a la posibilidad de derribar el bloque central de O Piricoto, que tendría por objeto eliminar el “efecto pantalla” de la urbanización y obtener “una mayor permeabilidad”, según sus palabras. Argumenta para desaconsejar esta vía que “la sentencia de referencia dice que, aún a fuer de ser riguroso, se debe ser prudente y huir de los extremismos”.

El informe fue encargado tras el auto emitido el 9 de febrero de 2009 por el TSXG, en el que desechaba el proyecto de medidas correctoras. El Concello acudió al Colegio de Arquitectos para que seleccionase a un técnico independiente que dictase las medidas propuestas a fin de conseguir la adaptación del edificio al medio ambiente.

El trabajo, que estaba previsto terminar antes de final de 2009, se retrasó, y fue presentado al Ayuntamiento en febrero con las diferentes opciones. Tras la elección de la propuesta de demoler la cubierta y parte de la planta baja, el informe se entregó días atrás en la sede del Tribunal de Xustiza para que la sala lo estudie y adopte una resolución. El juez dilucidará si con esas medidas se armonizaría la urbanización con el entorno, con lo que daría vía libre a la redacción del proyecto. De no aceptarlo podría encargar otro con actuaciones más contundentes.
Sobre el plan de restauración anterior presentado por el Concello para salvar O Piricoto en su totalidad, la sala de lo contencioso acordó que “no es adecuado para la ejecución de la sentencia resolutoria”.

No obstante, esa decisión fue recurrida ante el Supremo por la comunidad de propietarios y por la promotora. El Alto Tribunal admitió a trámite dicho recurso de casación, por lo que hasta que resuelva definitivamente no estará cerrada por completo esa vía jurídica.

---